Juventud en precario

El IX Informe FOESSA traza el retrato de una generación que vive peor que sus padres

Gema Martín Borrego. Cáritas Española

Por primera vez en nuestra historia reciente, los jóvenes viven objetivamente peor que sus progenitores. No es una percepción subjetiva ni una exageración; es un fenómeno estructural documentado. La ruptura del pacto intergeneracional —la promesa de que cada generación avanzaría un peldaño más en bienestar— se ha quebrado. Y sus consecuencias se traducen en precariedad, retraso vital y un profundo clima de pesimismo y desafección.

Así lo constata el IX Informe FOESSA, que advierte de que la infancia y la juventud son los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual. Tienen más formación, sí, pero eso no se traduce necesariamente en más oportunidades.

En efecto, el informe muestra que, a pesar de contar con niveles formativos más altos que nunca —el 44 % de la población activa tiene estudios universitarios—, los jóvenes tienen peores perspectivas económicas que sus padres. De hecho, el 75 % de ellos cree que su futuro en este aspecto será peor que el de sus progenitores. El pesimismo no nace de la apatía, sino de su experiencia: salarios más bajos al inicio de la carrera profesional, trayectorias laborales fragmentadas y una vivienda cada vez más inaccesible.

«Lo que se ha producido es una ruptura del pacto intergeneracional», explica Marina Sánchez-Sierra, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA. «Antes, el camino era más o menos claro: empleo, vivienda, familia. Hoy puedes tener trabajo y vivir en precariedad».

Trabajar y no llegar

Milady (nombre ficticio) tiene 32 años y es camarera de piso con experiencia en hoteles de cinco estrellas. Habla dos idiomas y ha tenido nóminas superiores a 2.500 euros. Pero vive en Ibiza, una isla donde alquilar un piso es inalcanzable incluso para personas con salarios tan altos como esos.

Durante años ha pagado más de 1.200 euros por una habitación que compartía con su hija de 13 años. «La más barata era de 950 euros», cuenta. En septiembre los problemas aumentaron. Una inundación causada por las intensas lluvias provocó daños en su casa que obligaron al propietario a hacer reformas. Desde entonces, nadie le ha querido alquilar, a pesar de tener contrato y nómina en regla. «Me cierran las puertas por tener una hija y estar embarazada de otro», explica Milady.

En el momento de publicarse este artículo, Milady ha dado a luz y vive en una casa de acogida de Cáritas con sus dos hijos. Allí se siente segura y a salvo de un sistema que se ceba especialmente con mujeres y familias monoparentales.

Un ejemplo de esto es el de Bárbara María Fernández. Tiene 33 años, es de Venezuela, cuenta con residencia legal y vive con su madre, su hermano con discapacidad y su hija de nueve años. «Actualmente soy la única que puede trabajar. Todos dependen de mí», explica.

Para ella, el acceso a una vivienda fue un proceso de mucho desgaste. «Estuve cuatro meses buscando piso. Aun teniendo contrato indefinido y documentación en regla, me decían que no cumplía los requisitos». El hecho de vivir con una hija menor y un hermano con discapacidad era un obstáculo para los propietarios.

Cuando finalmente encontró un piso, las condiciones no eran adecuadas. «Pago 500 euros, pero no puedo poner la calefacción porque, cuando la enciendo, sale mucha agua. Hay humedades y moho, sobre todo en la habitación principal. Tenemos que abrir las ventanas para que no se acumule humedad». No es una vivienda digna, pero es la única que pudo conseguir.

Con los padres

La situación de Bárbara y Milady no es una excepción aislada, sino el rostro de un mercado inmobiliario tensionado. La edad media de emancipación en España alcanza los 30,3 años, una de las más altas de Europa en las últimas dos décadas. No se trata de una preferencia cultural o de una actitud egoísta y cómoda por parte de los hijos, como apunta algún discurso, sino de un bloqueo estructural: precariedad laboral, imposibilidad de ahorro y precios de compra y alquiler desorbitados.

«Incluso sin pensar en formar una familia, emanciparse es muy complicado. Los precios del alquiler no guardan relación con los salarios. Y para comprar necesitas un ahorro previo que el mercado laboral no te permite generar», explica Marina.

El problema es circular. Sin estabilidad laboral no hay ahorro; sin ahorro no hay vivienda; sin vivienda no hay proyecto vital autónomo. Y sin proyecto vital, la incertidumbre se instala.

Salarios a la baja

Pero el problema de «esta pescadilla que se muerde la cola» es que la precariedad laboral juvenil no es coyuntural, sino estructural. Temporalidad elevada, parcialidad involuntaria, bajos salarios y menor protección social configuran un mercado laboral que penaliza especialmente a jóvenes, mujeres y personas migrantes.

Bárbara consiguió su primer trabajo en España como empleada del hogar. «Estaba interna, las condiciones eran muy malas y cobraba muy poco. Con 600 euros pagaba la habitación de mi familia y todos sus gastos», relata. Después trabajó como dependienta con contrato indefinido durante año y medio, pero el salario también era muy bajo y no le llegaba para sostener a cuatro personas.

Decidió irse y entrar en una panadería donde tenía mejores condiciones laborales, pero, desgraciadamente, la panadería cerró. Desde entonces, Bárbara ha encadenado varios contratos temporales y hoy está en el paro.

Las nuevas generaciones no solo acceden a un mercado de trabajo marcado por la temporalidad, sino también con salarios iniciales inferiores a los de generaciones anteriores. Además, incorporarse al mercado laboral en tiempos de crisis deja lo que los técnicos de la Fundación FOESSA llaman un «efecto cicatriz»: pérdidas salariales acumuladas a lo largo de toda la carrera profesional. Por ejemplo, para quienes entraron en el mercado durante la Gran Recesión de 2008, esas pérdidas suponen hasta un 34 % de las ganancias totales en hombres y un 52,7 % en mujeres.

Mientras tanto, el sistema de pensiones ha funcionado como escudo protector para las generaciones mayores, con trayectorias laborales más estables y cotizaciones suficientes. La consecuencia es una brecha cada vez más marcada entre quienes ya consolidaron su posición y quienes apenas logran acceder a ella (ver gráficos).

Distribución de la población excluida por grupo de edad en 2007-2024 (%) 

Evolución de la incidencia de la exclusión social por generaciones, y promedio del periodo en 2007-2024 (%)

¿Podemos tener hijos?

Esta precariedad en la que viven nuestros jóvenes marca la edad media a la que tienen su primer hijo y que, en España actualmente, se sitúa en los 31,5 años, frente a los 27,2 de 1991. Y no es una cuestión de valores, sino que existe una brecha entre el número de hijos deseados y los que finalmente se tienen. «No es que no quieran —subraya Marina—; es que no pueden». La inestabilidad laboral, la falta de vivienda y la escasa red pública de apoyo a la crianza condicionan la decisión.

Así lo siente Milady. Tras la baja por maternidad, teme el momento de reincorporarse a un trabajo cuyo salario se diluirá en el coste de una guardería que, en Ibiza, supera los 700 euros mensuales. «Prácticamente lo que trabajo va a ser para pagar la guardería y no sé dónde viviremos», dice.

Desafección y desencanto

No es extraño, por tanto, que las nuevas generaciones se muestren pesimistas y desencantadas. Según el XI Informe FOESSA, el 80 % de los jóvenes se siente desatendido por las instituciones públicas, mientras que el 42,5 % de los que tienen entre 18 y 29 años muestra insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y es que, como recuerda Marina Sánchez-Sierra, el pesimismo, al final, configura unas determinadas actitudes políticas y sociales.

«Cuando miras adelante y no ves nada, aparece la angustia y la desafección. Si además el discurso dominante insiste en que no sirve para nada movilizarse, es muy difícil que la gente crea en el cambio», advierte Marina.

Un nuevo contrato intergeneracional

La situación no es inevitable, pero sí exige cambios estructurales, como propone la Fundación FOESSA: transformación del mercado laboral para erradicar la precariedad estructural; ampliación significativa del parque público de vivienda; reformas del sistema de prestaciones para familias con menores y universalización de la educación de 0 a 6 años, entre otras medidas. También urge adaptar la protección social a los perfiles jóvenes y fortalecer las redes comunitarias como barrera preventiva frente a la exclusión.

Y es que la ruptura del pacto intergeneracional no es solo un problema de los más jóvenes; es una cuestión de cohesión social y de apoyo a la democracia, porque si la promesa de un futuro se desvanece, se resiente la confianza en el sistema que la sustentaba.