La sociedad del riesgo

Casi el 40% de los hogares en España se mantienen en la “cuerda floja” económica

Gema Martín Borrego. Cáritas Española

La economía española ha mantenido en 2024 la senda de crecimiento de los últimos años. Sin embargo, “los datos macroeconómicos por sí solos no reflejan la complejidad de nuestra situación social, que debe analizarse más allá de lo macroeconómico para centrarse en las personas, especialmente en las más vulnerables”. Este enfoque es el que ha adoptado la Fundación FOESSA en su 12º informe Análisis y Perspectivas, que presenta un adelanto de los resultados de una encuesta realizada, durante el último semestre, a 12.500 hogares. Los datos definitivos serán publicados en el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España a finales de 2025.

Los resultados preliminares revelan que quienes más sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y la pandemia de COVID-19 siguen sin recuperarse plenamente. “Esto evidencia el carácter estructural de la exclusión social y la incapacidad de la economía y de las políticas públicas para romper los ciclos de pobreza y exclusión social”, apunta Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas.

Seguimos en la precariedad

En la actualidad, la exclusión social en España afecta a 9,4 millones de personas, lo que equivale al 19% de la población. Este porcentaje es superior al registrado en 2007 (16%) y en 2018 (18%). Por el contrario, la población en situación de integración plena —22 millones de personas— ha descendido del 49% al 45% (ver gráfico 1). Y es que un gran porcentaje de hogares españoles (el 37,8%) se encuentra en la cuerda floja económica, es decir, familias que están en una integración tan precaria que un cambio en su situación laboral, un problema de salud o un aumento de los gastos, por el motivo que sea, puede empujarlas a la exclusión.

Evolución de los niveles de integración social en la población española

La vivienda, un gasto que crece

Uno de los mayores desafíos es el acceso y mantenimiento de la vivienda. La encuesta de FOESSA revela que 4,6 millones de hogares enfrentan, en el 2024, dificultades en este ámbito. “El gasto excesivo en esta partida afecta a 2,7 millones de hogares, lo que supone llevar a la situación de pobreza severa, tras el pago de la vivienda y los suministros, al 14% de las familias”, añade Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

“El esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda no ha dejado de aumentar en los últimos años. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda
sigue creciendo. Es una realidad que afecta tanto a
la compra como al alquiler, aunque con consecuencias especialmente negativas para las personas que viven alquilando”, destaca Raúl Flores.

En este sentido, el 20% de los hogares con menores ingresos destina más del 70% de su presupuesto al alquiler. Mientras que el régimen de propiedad
(pagada o con pagos pendientes) se revela como un factor protector frente a la exclusión (8%), el alquiler eleva este riesgo al 30%, y llega al 59% en casos de tenencia en precario como: cesiones, realquileres, viviendas ocupadas o con aviso de desahucio.

Con empleo, pero en exclusión

Aunque el empleo sigue siendo un factor de protección, su capacidad para garantizar estabilidad ha disminuido. Una de cada diez personas trabajadoras vive en exclusión, muchas de ellas en empleos inestables, como venta ambulante, trabajo doméstico no cualificado, temporerismo o repartos de propaganda. En definitiva, “nos dirigimos a una sociedad del riesgo en la que se puede tambalear la vida de muchas personas, en los diferentes estratos sociales, porque todos estamos expuestos a situaciones de desgaste como el alto coste de mantener una vivienda o la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias”, afirma el director técnico de FOESSA, Raúl Flores.

En los márgenes

No obstante, algunos colectivos enfrentan un riesgo significativamente mayor de exclusión, como son: la población migrante (el 47% se encuentra en esa situación); los hogares sustentados por mujeres
(21% frente al 16% liderado por hombres); las familias con hijos menores de 24 años (24%) o con algún miembro con discapacidad (24%); y las familias monoparentales (el 29% de ellas está en exclusión).

Asimismo, “la juventud y la infancia viven un deterioro que merma sus oportunidades de generar proyectos vitales emancipatorios, y perpetúa situaciones de pobreza. Según FOESSA, la exclusión social severa en la infancia afecta, hoy, al 15%, más del doble que en 2007, lo que resulta muy alarmante”, concluye Raúl Flores.