El derecho a la alimentación, ¿en riesgo en España?
Analizamos el estado de la seguridad alimentaria en España y el mundo.
Gema Martín Borrego. Cáritas Española
En España, el 11,6 % de los hogares sufre inseguridad alimentaria. Es una cifra que, aunque preocupante, está muy lejos de la tragedia que viven otros países, como los africanos, donde 307 millones de personas pasan hambre, según el informe El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026, publicado por Naciones Unidas el pasado mes de julio.
Aun así, el dato cuestiona la idea de que la dificultad en el acceso a la alimentación sea únicamente un problema de países empobrecidos o de grandes crisis humanitarias; también está presente en España y afecta especialmente a determinados hogares.
En este reportaje vamos a analizar la seguridad alimentaria en España y el mundo y el trabajo que Cáritas lleva a cabo para contribuir al acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.
11,6 % de hogares en España, 686.000 personas que pasan días enteros sin comer
Inseguridad alimentaria en España
En España, desde la experiencia de Cáritas, los perfiles con mayores dificultades para acceder a una alimentación saludable y suficiente son las parejas jóvenes con hijos, las personas solas, las familias de otros países y las familias monomarentales.
Además, no todas las familias se ven afectadas por este problema con la misma intensidad. Según los datos del IX Informe FOESSA, un 4,5 % de los hogares sufre una reducción de la calidad de su alimentación, lo que supone no poder consumir alimentos sanos o nutritivos; un 5,7 % experimenta inseguridad alimentaria moderada, es decir, no puede llevar una dieta saludable y se ve obligado a reducir la cantidad de alimentos consumidos y saltarse comidas; y el 1,4 % padece inseguridad alimentaria grave, lo que significa que 686.000 personas en nuestro país pasan días enteros sin comer.
¿Qué es el derecho a la alimentación?
Pero hablar del derecho a la alimentación significa ir más allá de tener comida disponible. María Martínez, responsable del Programa por el Derecho a la Alimentación Sostenible de Cáritas Española, recoge la definición formulada en 2010 por Olivier de Schutter, entonces relator de Naciones Unidas para este derecho: «El derecho a la alimentación consiste en tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativa, adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece la persona, y garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna […]. El alimento debe estar disponible y ser accesible física y económicamente, a la vez que sea adecuado en términos de satisfacer las necesidades de dieta […] y que estas condiciones se sostengan en el tiempo».
Es decir, no se trata únicamente de preguntarse si una persona ha comido hoy, sino de si puede mantener una alimentación suficiente y adecuada de manera estable. «La inflación de los alimentos y el coste de la vivienda han tensionado los presupuestos familiares —explica María Martínez—. Esa presión obliga a renunciar a una dieta equilibrada, en la que deberían estar presentes frutas, verduras, pescado y carne». El problema, según señala María, no es solo que se reduzca la cantidad de estos alimentos. «El problema es que se reduce la calidad de la dieta, al aumentar el consumo de productos calóricos, azucarados y procesados, que tienen un efecto muy nocivo en la salud de las personas».
Alimentación y salud
Un ejemplo de ello es un estudio científico publicado hace siete años que reveló que el incremento del 10 % en la proporción de comida ultraprocesada dentro de la dieta está asociado con un incremento de más del 10 % en el riesgo de contraer cáncer (Blanco-Rojo et al., 2019).
«La nutrición es el gran desafío también para la población más pequeña —continúa María Martínez—. Los problemas en el acceso a los alimentos y a la calidad de estos han generado un aumento de la obesidad en niños y niñas. El patrón alimentario de consumo tipo “comida basura” en la familia se relaciona con esta tendencia». No en vano, los especialistas médicos llevan años hablando de la obesidad como una pandemia y alertando sobre las patologías que provoca en los más pequeños.
La inseguridad alimentaria puede convertirse, además, según explica María, «en una situación de desventaja y desigualdad social». «La incertidumbre sobre cómo afrontar las necesidades alimentarias puede provocar ansiedad y depresión al no saber cómo resolver el problema». Entre la población más joven puede repercutir en «el rendimiento escolar, estados de fatiga y menor concentración».
El trabajo de Cáritas
En este escenario, Cáritas está impulsando desde hace tiempo un cambio de modelo en la ayuda alimentaria que ofrece en España y que pretende situar a la persona que recibe esa ayuda en el centro de la decisión. Se trata de que las personas en situaciones de vulnerabilidad puedan comprar los productos de alimentación que necesitan de acuerdo con sus realidades culturales, sociales y sanitarias, y en aquellos establecimientos de su barrio o pueblo que deseen.
«Todo ello se lleva a cabo mediante herramientas que no generan estigma ni discriminación, a través de tarjetas monedero solidarias y tarjetas propias de determinados establecimientos. Otra novedad que estamos incorporando es la utilización de códigos QR para evitar la proliferación de residuos de plástico», explica María Martínez.
La tarjeta funciona como una ayuda económica destinada a la compra. Se recarga periódicamente con una cantidad que se establece en función de la situación económica y familiar. De esta manera, en lugar de recibir una cesta cerrada de productos, la persona puede acudir a un establecimiento y decidir qué alimentos comprar.
Se estima que el 80 % de las Cáritas Diocesanas de nuestro país ha puesto en marcha ya este sistema, que permite a las personas mantener su autonomía, libertad de elección y dignidad.
La responsabilidad de garantizar este derecho, en cualquier caso, no corresponde únicamente a las organizaciones sociales. «Como tal derecho, son las administraciones públicas quienes han de velar por el cumplimiento estricto de este acceso», afirma Martínez.
El hambre en el mundo
el 25,8 % de la población —unos 2.100 millones de personas— sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025.
La inseguridad alimentaria no se limita a España. Según el informe de Naciones Unidas que antes mencionábamos, el 25,8 % de la población mundial —alrededor de 2.100 millones de personas— padeció inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025.
La buena noticia, dentro de una situación que sigue siendo dramática, es que el hambre en el mundo disminuyó por tercer año consecutivo, lo que demuestra que es posible avanzar. Sin embargo, las mejoras siguen siendo frágiles y muy lentas; más de 645 millones de personas se vieron afectadas por el hambre durante el pasado año.
La mayor parte de estas personas —307 millones— se encuentran en África. Además, «las previsiones apuntan a que cerca del 60 % de los habitantes del planeta que podrían sufrir hambre crónica en 2030 vivirán en el continente africano», apunta Graciela Rico, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española.
«Esta inseguridad alimentaria responde a la combinación de múltiples factores, como conflictos prolongados, desplazamientos forzosos, impactos cada vez más severos del cambio climático, debilidad institucional y altos niveles de pobreza y desigualdad —continúa Graciela—; cuando varias de estas crisis coinciden, las familias pierden simultáneamente sus cosechas, sus ingresos y sus mecanismos de protección».
Esta es una realidad que conocemos de primera mano a través de nuestras Cáritas hermanas en países africanos. «Muchas comunidades afrontan sequías recurrentes o conflictos que comprometen su capacidad para producir alimentos y sostener sus medios de vida», apunta. Por eso, además de responder a las necesidades inmediatas, trabajamos para fortalecer su resiliencia y su capacidad de recuperación frente a futuras crisis en regiones como el Sahel o el Cuerno de África.
«Muchas comunidades afrontan sequías recurrentes o conflictos que comprometen su capacidad para producir alimentos y sostener sus medios de vida»
Un problema estructural
«Aun así, desde Cáritas defendemos que el hambre no es únicamente el resultado de una emergencia coyuntural; en realidad, responde a causas estructurales relacionadas con la pobreza, la desigualdad, el acceso limitado a recursos productivos como la tierra o el agua y sistemas alimentarios que excluyen a las personas más vulnerables», argumenta la directora de Cooperación Internacional.
Por eso hablamos del derecho humano a la alimentación. No se trata solo de garantizar una comida hoy, sino de que todas las personas puedan acceder de forma permanente a alimentos suficientes, nutritivos y adecuados. Nuestros proyectos combinan la respuesta inmediata a las emergencias con acciones destinadas a fortalecer la agricultura familiar, la adaptación al cambio climático y los medios de vida de las comunidades rurales.
Cáritas ha acompañado en 2025 un total de 18 proyectos de Derecho a la Alimentación en 10 países de todos los continentes. Los proyectos incluyen distribución de alimentos y transferencias monetarias en emergencias, pero también huertos familiares y comunitarios, apoyo a pequeños productores y cooperativas, formación en técnicas agroecológicas, sistemas de captación y gestión sostenible del agua, bancos comunitarios de semillas, programas de nutrición y acciones para facilitar el acceso de productores locales a los mercados.
«Apostamos especialmente por la agricultura familiar porque constituye el principal medio de vida de millones de personas. Cuando una familia dispone de recursos para producir alimentos de forma sostenible, mejora su alimentación, incrementa sus ingresos y fortalece su autonomía», afirma Graciela.
«El hambre —concluye Graciela— no es una fatalidad inevitable. Es una vulneración de derechos que puede y debe combatirse mediante la solidaridad, la justicia social y el compromiso compartido de toda la comunidad internacional».
El impacto de los recortes
La reducción de la financiación internacional para la cooperación al desarrollo añade otra dificultad para acabar con el hambre en el mundo. «El Programa Mundial de Alimentos ha advertido de una caída significativa de la financiación en 2025 y del riesgo de que hasta 58 millones de personas puedan perder el acceso a asistencia alimentaria vital si no se movilizan nuevos recursos».
