Frágiles, sin derechos e invisibles

Analizamos la vulneración de derechos que sufren las personas en situación administrativa irregular.

Thomas Ubrich, miembro de la Fundación FOESSA y del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

Las personas migrantes que residen en España son un grupo de población especialmente vulnerable. Su estatus es frágil y, a menudo, viven en condiciones precarias, con ingresos muy bajos y grandes dificultades para acceder al empleo y la vivienda. Dentro de este colectivo, las personas en situación irregular son las que se encuentran en riesgo de exclusión social más extremo. 

Sin papeles no existen

La realidad de estos últimos, por su condición de irregulares fuera del control administrativo, no es visibilizada ni reconocida en los datos oficiales, lo que implica que no se disponga de cifras precisas sobre el número de extranjeros en situación administrativa irregular en España. 

Con objeto de aportar cierta visibilidad y reconocimiento a este colectivo la Fundación FOESSA acaba de publicar un documento FOCUS, titulado “Vulneración de Derechos. Las personas en situación administrativa irregular”, en la que realiza una estimación de las personas residentes sin estatus legal en nuestro país a partir de los datos aportados por las Cáritas Diocesanas de todo el territorio español. 

Según este estudio, en el año 2022 una tercera parte de la población que Cáritas atendió a través de sus programas y recursos se encontraba en situación administrativa irregular. Esto significa que, al menos, 500.000 migrantes irregulares han recibido el apoyo de Cáritas durante un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Dicha cifra representa un incremento del 43% con respecto a la estimación realizada en el año 2019, que cifraba en torno a 350.000 personas en situación irregular.

Trato discriminatorio

omo estas personas no tienen papeles y/o su situación administrativa no ha podido ser regularizada, sus condiciones de vida son especialmente precarias y muestran importantes limitaciones en el acceso de los derechos, incluso a los que sí deberían tener garantizados. 

Es especialmente preocupante el hecho de que por la normativa de extranjería, y por la lógica de la política migratoria, estén directamente excluidas de ciertos derechos tales como el derecho a la asistencia sanitaria (artículo 11 LOEX), el derecho a la vivienda –fundamentalmente en lo que se refiere a ayudas de vivienda– (artículo 12 LOEX) y el derecho al trabajo (artículo 13 LOEX). 

Siendo el desempleo de larga duración, que impacta en mucha mayor proporción entre la población irregular, un claro ejemplo de marginación y exclusión social.

Como consecuencia de lo anterior, la inmensa mayoría afronta graves dificultades en el acceso y mantenimiento de la vivienda: siete de cada diez tienen que asumir gastos excesivos que les dificulta mucho poder cubrir otros gastos esenciales; viéndose obligados a vivir en casas inseguras y con importantes carencias de habitabilidad (17%) o en situación de hacinamiento grave (35%). Además, el 12% no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria, el 17% vive en hogares con graves problemas de nutrición, y seis de cada diez han tenido que renunciar a la compra de ciertos medicamentos, dietas o tratamientos médicos por problemas económicos.

Nuestra propuesta

Para garantizar los derechos humanos de todas las personas migradas, es fundamental poder avanzar hacia una puesta en práctica real de las vías legales para obtener una autorización de residencia y trabajo que, de momento, han tenido un desarrollo normativo escaso. 

Además, debemos avanzar en una solución jurídica que garantice todos sus derechos y que no deje en el limbo de la irregularidad a personas que llevan años siendo nuestras vecinas y aportando a nuestra sociedad.