El derecho a la alimentación es parte del derecho a la dignidad de la persona, de la salud y del derecho a la vida. Es alarmante que, en pleno siglo XXI, más de 733 millones de personas sufran hambre crónica.

Adela Zamora. Cáritas Española

“La tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos”. Así lo manifiesta el papa Francisco en la encíclica Laudato si’, que versa sobre el cuidado del planeta y de las personas. Sin embargo, y aunque los agricultores del mundo producen alimentos suficientes para toda la humanidad, el hambre persiste.

Campesinos hambrientos

Según el informe titulado “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, publicado en julio por cinco organismos de Naciones Unidas, más de 733 millones de personas se enfrentan al hambre. La paradoja es que muchas de ellas forman parte de hogares campesinos. ¿Y cómo es posible que una familia de agricultores tenga dificultades para comer? Esto sucede, probablemente, porque practican una agricultura de subsistencia y viven en países empobrecidos, afectados por conflictos o crisis climáticas, donde existen enormes desigualdades en el acceso a la tierra, el agua y los insumos como semillas o fertilizantes. Aspecto que confirma el informe, con datos que reflejan que una de cada cinco personas africanas pasó hambre en 2023. También revela que el mundo ha retrocedido 15 años, con niveles de desnutrición comparables a los de 2008-2009 (ver gráfico).

Lejos de los ODS

Ante un escenario tan desmoralizador, de cara a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 que busca erradicar el hambre para 2030, entidades como Caritas Internationalis destacan la necesidad de considerar la alimentación como un bien público, fundamental para la vida y el bienestar de todo ser humano.  

“La alimentación no es es una mercancía y no debe ser tratada como tal”.

“No es una mercancía y no debe ser tratada como tal”, destaca nuestra confederación internacional. “Los Gobiernos deben impulsar prácticas agroecológicas, que combinen la calidad de los alimentos, la protección del medio ambiente, el desarrollo local, la salud humana, el empleo y la inclusión social”.  

“Una hambruna te puede expulsar de tu tierra”

Guadalupe Morales, voluntaria de Cáritas Diocesana de Plasencia

Recientemente tuve la oportunidad de visitar un proyecto de derecho a la alimentación en Inhambane, una provincia de Mozambique en la que la pobreza y la indefensión alcanzan un grado difícil de comprender desde nuestra cultura y nuestro bienestar.

El proyecto aborda las necesidades básicas de la población más vulnerable, e incluye actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la alimentación, la higiene y la potabilización de agua. Estas actividades se integran entre sí, creando un ciclo que se repite tras cada cosecha: primero hacen pozos para obtener agua; con el agua siembran; los técnicos de campo les enseñan cómo cultivar mejor; las cosechas son más abundantes; con los productos -acelgas, lechugas, calabacín, zanahorias y cebollas, principalmente- mejoran su alimentación; si hay excedentes pueden venderlos; y con ese dinero, compran semillas, repitiendo así el ciclo.

A pesar de que las personas beneficiarias saben que no podrán sembrar si no llueve y que la tierra está agotada por la sequía, permanecen resignadas a sufrir hambre nuevamente. Pero los que sabemos que la hambruna les expulsará de sus tierras hacia otra tierra que no será de promisión, callamos ante ellos, rezamos para que llueva y apretamos los puños para que continúe este proyecto que les puede salvar de un horror que no pueden ni siquiera imaginar.

Cáritas y el derecho a la alimentación

Cáritas Española comparte este visión y compromiso con los ODS, y trabaja con la esperanza de que para 2030 se logre el objetivo de asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Durante años, hemos acompañado el trabajo de nuestras Cáritas hermanas en América Latina y Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Este de Europa. En 2023, “hemos dedicado 5,6 millones de euros a proyectos de desarrollo exclusivamente de seguridad alimentaria, sin contar las emergencias”, explica Martín Lago, técnico de Cooperación Internacional de Cáritas Española. 

Los proyectos de Cáritas incluyen desde la distribución de alimentos y la apertura de comedores sociales hasta el apoyo a agricultores y ganaderos con formación y mejoras en la comercialización de productos. También hacen incidencia política sobre leyes, como las de propiedad de la tierra, que afectan el derecho a la alimentación. Un ejemplo es el proyecto en Filipinas, financiado por la Agencia Española de Cooperación, que busca reducir la vulnerabilidad climática de 1.880 familias indígenas y promover su desarrollo socioeconómico durante cinco años.

Para Cáritas, el hambre es una manifestación clara de la pobreza, de la violencia y de la desigualdad. Por eso, nuestros proyectos buscan, en última instancia, incidir en esas realidades. “Antes de iniciar un programa de seguridad alimentaria, Cáritas realiza un análisis para identificar las causas del hambre en cada región. Estas pueden incluir la emigración de campesinos debido a guerras o desastres naturales que hayan afectado la producción agrícola”, concluye.

¿Tenemos derecho a la alimentación en España?

María Martínez Rupérez. Equipo de Inclusión de Cáritas Española

Hablar de alimentación nos puede sugerir varias imágenes, algunas veladas, como los intereses comerciales y económicos que se mueven en este círculo, las macroproducciones ganaderas o la agricultura intensiva, con su uso de fertilizantes y plaguicidas, que poco o nada respeta a los seres vivos y al planeta, y que repercute directamente en nuestra salud con efectos directos en el aumento de graves enfermedades. Tampoco podemos obviar la feroz campaña de marketing a la que nos vemos expuestos, muchas veces utilizando la infancia como reclamo, para el consumo familiar.

Si a todo ello le unimos el encarecimiento de los productos de una cesta básica de la compra, las situaciones de precariedad en el mercado laboral, o el encarecimiento de los precios de la vivienda –que para numerosos hogares es el destino principal de sus ingresos–, el poder llevar una alimentación sana y adecuada, se complica.

En Cáritas continuamos con nuestro compromiso de facilitar el acceso a una alimentación que contenga todos los nutrientes para una salud física y emocional plena. Y lo hacemos desde la complementariedad, es decir, actuando allí donde la Administración no llega o lo hace de manera insuficiente; recordemos que ella es la garante del Derecho de la Alimentación.  

Por otro lado, la dignidad de las personas, su autonomía y su derecho a decidir qué desean comer, sin ningún tipo de discriminación, han de identificar nuestras acciones. Por ello, en Cáritas los fondos que recaudamos, tanto de empresas como de particulares o de financiaciones públicas, se destinan a la gestión de tarjetas solidarias –hemos introducido la digitalización, para evitar más plásticos contaminantes– en los establecimientos donde las personas puedan adquirir los productos que más se adecuen a sus preferencias, estado de salud, costumbres…; exactamente como lo hacemos el resto de la ciudadanía.